Se limitarán los alquileres y se aplicarán incentivos fiscales en zonas de alta presión residencial.
La regulación del precio de los alquileres en 140 municipios de Cataluña, incluidas las principales ciudades como Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, está próxima a entrar en vigor. Esta medida surge tras la declaración de estas áreas como zonas de mercado residencial tensionado, bajo los criterios establecidos en la nueva Ley de Vivienda.
Cambios principales para propietarios e inquilinos
En las zonas tensionadas, los precios de los nuevos contratos de alquiler estarán limitados. Para pequeños propietarios, la renta inicial no podrá superar la última renta vigente en los últimos cinco años, con un incremento máximo del 3% durante 2024. A partir de 2025, los precios se ajustarán según el nuevo índice estatal de precios de alquiler.
Además, los contratos en vigor podrán prorrogarse hasta tres años de forma extraordinaria si así lo solicita el inquilino, manteniéndose las condiciones existentes. Esta medida afecta tanto a pequeños propietarios como a grandes tenedores.
Excepciones para incrementar la renta
En algunos casos, los alquileres podrán subir hasta un 10% respecto al contrato previo, siempre que se cumplan ciertos requisitos, como rehabilitaciones recientes, mejoras de eficiencia energética o accesibilidad, o contratos de larga duración.
Definición y obligaciones de los grandes tenedores
La Ley de Vivienda redefine a los grandes tenedores como personas o entidades con más de cinco inmuebles en zonas tensionadas. En Cataluña, este umbral baja de los diez inmuebles definidos a nivel nacional. Estos propietarios tendrán que ajustarse al sistema de precios de referencia y colaborar con las administraciones proporcionando información sobre sus viviendas.
Incentivos fiscales
La ley también introduce desgravaciones para los pequeños arrendadores en áreas tensionadas:
- Hasta un 90% si se reduce el alquiler más de un 5% respecto al contrato previo.
- Hasta un 70% si las viviendas se destinan a jóvenes entre 18 y 35 años o a programas públicos de alquiler social.
El papel de las administraciones públicas
El Gobierno catalán y el central tienen la responsabilidad de aumentar el parque de viviendas sociales en estas áreas. Se busca alcanzar un 20% de viviendas sociales en un plazo de 20 años, utilizando suelo público exclusivamente para estos fines.
Calendario previsto
El Ministerio de Vivienda publicará en febrero el Índice de Precios de Referencia y la resolución que oficializa las zonas tensionadas, permitiendo la entrada en vigor de estas regulaciones en las áreas propuestas por el Gobierno catalán.
La nueva normativa busca equilibrar el mercado de alquiler en Cataluña, atendiendo a la creciente presión sobre el acceso a la vivienda en zonas urbanas clave.
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