APCE
El sector inmobiliario catalán alerta sobre el impacto negativo de regular los alquileres temporales
Las principales entidades del sector firman una declaración conjunta contra la posible extensión del control de precios a los contratos de corta y media estancia
La Associació de Promotors de Catalunya (APCE) y Foment del Treball, junto con las organizaciones más representativas del sector inmobiliario catalán, han expresado su “preocupación” ante el anuncio de extender el control de rentas a los contratos de alquiler temporal en una declaración conjunta.
Las entidades consideran que esta medida, de implementarse, “supondría una grave distorsión del marco jurídico actual” y afectaría negativamente a un segmento del mercado “esencial para la movilidad laboral, académica y social en Catalunya”.
APCE Catalunya y Foment del Treball advierten que las nuevas medidas fiscales podrían encarecer aún más el acceso a la vivienda
En el comunicado, suscrito también por la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL), el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (COAPI), ASVAL y la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, se recuerda que los arrendamientos temporales están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como contratos “de uso diferente de vivienda” y responden a “causas objetivas y finalidades muy concretas”, como alojar temporalmente a profesionales desplazados, estudiantes o personas en transición residencial.
Este tipo de alquileres, apuntan las organizaciones sectoriales, habitualmente no superan los 12 meses de duración y no constituyen una alternativa a la vivienda habitual, “sino un complemento imprescindible para una sociedad dinámica y abierta”.
Críticas a las políticas de vivienda
Las organizaciones han sido particularmente duras con los recientes acuerdos entre el Gobierno de la Generalitat y diversos grupos parlamentarios, materializados en varias disposiciones legales (DL 2/2025 y DL 5/2025), que califican como respuestas a “la aritmética política” en lugar de soluciones reales al problema de la vivienda.
Según las entidades, el verdadero problema es “la falta de oferta de vivienda de todo tipo, tanto de venta como de alquiler”, y no la ausencia de regulación.
“Extender el control de precios a este tipo de contratos supondría una extralimitación jurídica y una decisión contraproducente desde el punto de vista económico y social”, señala el documento, argumentando que el artículo 17 de la LAU establece claramente que “las limitaciones al precio del alquiler solo pueden aplicarse a los contratos de vivienda habitual”.
Medidas que incrementan el precio de la vivienda
Por otra parte, APCE Catalunya y Foment del Treball también han criticado recientemente el incremento del gravamen del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP) de la Generalitat y advierten que estas medidas penalizadoras sólo harán que se incremente el precio de la vivienda.
Ambas entidades han cargado duramente contra el acuerdo firmado entre el Govern de la Generalitat y los Comuns -recogido en el DL 5/2025- que modificará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, creando dos tramos nuevos e incrementando del 10% al 20% este impuesto a los grandes tenedores por la transmisión de viviendas.
Tanto la APCE como Foment denuncian que incrementar la fiscalidad de la vivienda provocará su encarecimiento, ya que acabará impactando en el cliente final. “Si multiplicamos por dos el gravamen del ITP, estaremos haciendo aún más difícil el acceso a la vivienda”, afirma Xavier Vilajoana, presidente de la APCE.
Las principales entidades del sector inmobiliario catalán alertan sobre el impacto negativo de regular los alquileres temporales
Entre un 20% y un 25% del precio final de una vivienda es coste fiscal, explica, incluyendo los impuestos estatales, catalanes y municipales, y con este nuevo gravamen se incrementará por encima del 25%. “Si las administraciones realmente quisieran incidir en el precio de la vivienda sólo haría falta que redujeran este porcentaje, aunque sólo fuera una parte. Y es una medida que pueden implementar mañana mismo”, señala.
El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, censura “el campo de minas fiscal” que dibuja la Generalitat y que “teniendo la intención de redistribuir la riqueza lo que están haciendo es redistribuir la miseria”.
Sobrerregulación del sector
Desde APCE Catalunya también se denuncia la “sobrerregulación y la falta de seguridad jurídica” que sufren los operadores en Catalunya, y reclama que se deje de legislar “de espaldas al sector”.
En su lugar, propone la adopción de “políticas de vivienda realmente efectivas” que incentiven el incremento de la oferta de vivienda, en vez de “penalizar al sector que tiene la capacidad productiva para proveer las viviendas que Catalunya necesita”.
En 15 años, señala, se han registrado 47 cambios normativos sólo contando leyes, decretos ley y real decretos ley. “Esta telaraña normativa asusta la inversión y la entrada de capital extranjero, además de paralizar proyectos de construcción de vivienda”, concluye Xavier Vilajoana.
Por ello pide que se adopten políticas de vivienda que sean realmente efectivas y que incentiven el incremento de la oferta, en vez de penalizar al sector que tiene la capacidad productiva para proveer las viviendas que Catalunya necesita.
Vilajoana recuerda que la actividad generada por el sector promotor constructor en Catalunya -de forma directa, indirecta e inducida- comporta unos ingresos fiscales vía impuestos (IVA, IRPF y sociedades) y cotizaciones a la Seguridad Social de 7.000 millones de euros (7.056 millones €).
(Fuente: La Vanguardia)